¿Qué está pasando en México este 2024?
En 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma judicial que ha causado gran revuelo en todo México. La propuesta busca cambiar de manera significativa cómo funcionan los jueces, magistrados y ministros en el país, y ha generado tanto apoyo como preocupación. Aquí te contamos en palabras sencillas qué propone la reforma, cómo va el proceso para su aprobación y qué impacto podría tener en México.
¿De qué trata la Reforma Judicial?
Uno de los puntos más controversiales de esta reforma es que se propone que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Esto significa que los ciudadanos podrían votar directamente por ellos, en lugar de que sean nombrados por otros jueces o por el presidente, como ocurre actualmente. Los defensores de la reforma aseguran que esto haría al Poder Judicial más democrático y cercano a la gente, pero los críticos temen que politizaría el sistema judicial, afectando su imparcialidad.
La reforma también incluye otros cambios importantes:
Reducción del número de ministros en la Suprema Corte: Actualmente, hay 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero con la reforma se reducirían a 9. Además, la presidencia de la Corte cambiaría cada dos años de manera rotativa, lo que podría generar más dinamismo, pero también incertidumbre sobre la continuidad de las decisiones importantes.
Creación del Tribunal de Disciplina Judicial: Este nuevo órgano tendría el poder de supervisar y sancionar a jueces y magistrados si cometen irregularidades. La idea es que haya más control sobre ellos, pero algunos temen que este tribunal pueda ser utilizado como herramienta política.
Límite a los salarios de jueces y magistrados: Ningún juez podría ganar más que el presidente. Este cambio busca reducir los altos sueldos en el Poder Judicial, pero podría desincentivar la entrada de profesionales altamente capacitados al sistema judicial.
Mandatos y reelección: Los jueces y magistrados tendrían un mandato de nueve años, con la posibilidad de ser reelegidos. Para postularse, necesitarían cumplir con requisitos como tener un buen promedio académico y experiencia en la práctica legal.
El camino para su aprobación
El proyecto de ley fue presentado en febrero de 2024 y ya fue aprobado en la Cámara de Diputados gracias al apoyo del bloque oficialista de Morena y sus aliados (PT y PVEM). Ahora, el siguiente paso es su discusión en el Senado, donde la situación se complica un poco más.
En el Senado, Morena y sus aliados cuentan con 85 senadores, pero para aprobar esta reforma constitucional necesitan 86 votos, es decir, uno más para tener la mayoría calificada. Este voto que falta ha puesto al oficialismo en una posición difícil, pues han intentado convencer a algunos senadores de la oposición para que voten a favor o que se ausenten durante la votación. Sin embargo, la oposición ha ratificado su voto en contra, lo que complica la aprobación.
Oposición en el Senado
Los partidos opositores, como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han dejado claro que no apoyarán la reforma. Son 43 senadores los que se han comprometido a votar en contra, ya que consideran que la reforma podría politizar el Poder Judicial y afectar la independencia de los jueces.
Alejandro Moreno, senador del PRI, ha denunciado que algunos legisladores han recibido presiones y hasta ?ofrecimientos millonarios? para cambiar su voto, pero ha asegurado que su bancada no cederá ante estas propuestas.
Además, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho se han movilizado en protesta, pidiendo que se mantenga la independencia del Poder Judicial. De hecho, estos manifestantes bloquearon el acceso a la sede del Senado, lo que obligó a los legisladores a sesionar en una sede alterna.
¿Cómo podría afectar a México?
Independencia del Poder Judicial: Una de las mayores preocupaciones es que, al hacer que los jueces sean elegidos por voto popular, podrían verse influenciados por partidos políticos y grupos de poder. Esto podría comprometer su capacidad para tomar decisiones imparciales. En otras palabras, los jueces podrían actuar más para complacer a los votantes que para aplicar la ley de manera justa.
Incertidumbre económica: Las principales cámaras empresariales del país ya han advertido que esta reforma podría generar desconfianza en el sistema legal mexicano. Esto podría afectar la inversión extranjera en México, ya que los inversionistas podrían temer que no habrá garantías legales suficientes para proteger sus intereses.
Inestabilidad política y social: El proceso de aprobación de la reforma ya ha provocado protestas y movilizaciones en varias ciudades. Si la reforma se aprueba, es probable que estas manifestaciones aumenten. Además, la oposición ha anunciado que recurrirá a la SCJN para impugnar los cambios, lo que podría generar más inestabilidad política.
Repercusión internacional: Más de 800 jueces y magistrados han solicitado la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU. Argumentan que la reforma podría violar tratados internacionales sobre derechos humanos, lo que pondría a México en una posición complicada a nivel global.
¿Qué sigue?
Con la reforma ya aprobada en la Cámara de Diputados, ahora todo depende del Senado. Si Morena y sus aliados logran obtener el voto que necesitan, la reforma será aprobada y empezará a implementarse. De lo contrario, es probable que el oficialismo intente buscar otras formas de hacer avanzar el proyecto, pero enfrentará una fuerte oposición tanto en el ámbito político como social.
Por otro lado, si la reforma se aprueba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría convertirse en el último recurso para frenar los cambios. La presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha pedido a los ministros que analicen si pueden suspender el proceso legislativo hasta que se resuelva el fondo del asunto.
En conclusión, la reforma judicial propuesta por López Obrador representa un cambio drástico en el sistema judicial de México, con implicaciones tanto positivas como negativas. Mientras unos ven esto como un paso hacia una mayor democratización y transparencia, otros lo consideran una amenaza a la independencia judicial y la estabilidad económica del país. El futuro de esta reforma, y su impacto en México, dependerá de las próximas votaciones en el Senado y de las posibles impugnaciones en la SCJN.